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PAGINA 12 POR HUGO YANSKY
Hace pocos
días, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que instaura un
régimen legal para el denominado “teletrabajo” en el ámbito del sector privado.
El texto en general fue votado por el oficialismo y la oposición y, de
aprobarse en el Senado, se llenará un vacío legal que existía en el país desde
hace casi dos décadas.
Se trata de
un texto legal que se discutió a lo largo de varias sesiones de la Comisión de
Trabajo cuyas autoridades son la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos ) y el
diputado Albord Cantar ( Juntos por el Cambio). En un clima constructivo se
sucedieron los aportes de las Centrales Sindicales y de varias organizaciones
gremiales que desde hace años tienen a una parte de sus representados
desarrollando tareas en forma remota. También se escucharon las voces de
distintas Cámaras empresarias, a las que se sumaron los aportes de magistrados
y abogados laboralistas. Esto permitió llegar a un proyecto unificado que trató
de encontrar el punto de equilibrio necesario, partiendo de la base de que la
ley debía fijar un piso de derechos a partir del cual cada gremio pueda en el futuro
adecuar sus particularidades en el Convenio Colectivo correspondiente a su
actividad.
Lo cierto es
que si antes de la pandemia este proyecto era necesario, hoy se ha tornado
imprescindible ante la constatacion de que el Teletrabajo ha llegado para
quedarse. Por ello es preciso que haya reglas claras, porque de mantenerse el
trabajo a distancia en un terreno de supuesta “pureza” y “virginalidad” en
materia de regulación legal —como pretende una parte del sector empresario— no
es de extrañar que se cometan abusos, producto de las condiciones estructurales
de la desigualdad en la contratación laboral, en la que siempre el más débil es
el trabajador.
El
teletrabajo en circunstancias normales tiene que ser una decisión aceptada
voluntariamente por la persona: a nadie puede imponérsele trabajar de este
modo. Además, debe garantizarse a los y las trabajadoras el derecho a revocar
la decisión, si es que en el futuro no desean continuar trabajando de manera
remota. Ambas cuestiones han quedado consagradas en el proyecto de ley que
obtuvo media sanción.
Sabemos que
las personas que teletrabajan se encuentran desplazadas del lugar natural de
sociabilización que es, precisamente, el trabajo; ello provoca aislamiento y
debilitamiento de los lazos de solidaridad. Por eso es fundamental que ellas
puedan ejercer plenamente sus derechos sindicales. Y esto es lo que postula el
proyecto de ley. El derecho a una jornada limitada de trabajo y a la no
perturbación del tiempo libre, es también fundamental y ha quedado garantizado
bajo la forma del derecho a la desconexión digital.
A estos
derechos generales se suma el reconocimiento de otros mas específicos,
relativos a la privacidad, a la intimidad y a la protección de datos
personales, a la provisión por parte del empleador de los elementos de trabajo
(hardware y software) y a la capacitación en nuevas tecnologías. Se reconoce,
además, el derecho a compatibilizar el trabajo prestado bajo esta modalidad con
las tareas de cuidado, cuestión sumamente interesante porque demuestra que se
tuvo en cuenta la perspectiva de género. También el texto legal plantea la
compensación de gastos de conectividad y/o consumo de servicios que la persona
que trabaja deba afrontar para prestar tareas, conforme se disponga en los
respectivos convenios colectivos.
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El propio
texto del proyecto se encarga de precisar que se trata de una regulación de
presupuestos mínimos legales que pueden ser superados vía negociación
colectiva; sin embargo, ya se han hecho sentir algunas voces de un sector
empresario que plantea que la regulación legal del teletrabajo provocará una
compleja trama de reglas nuevas, una “burocratización” de las relaciones
laborales desarrolladas bajo esta modalidad y vuelven otra vez con el caballito
de batalla de la "industria del juicio". Este sector parece no tener
en cuenta que varios de los puntos señalados por los empleadores fueron tenidos
en cuenta para llegar al proyecto de consenso en un equilibrio.
